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Cuando el Fisco se ve en la necesidad de adquirir los terrenos en que ciertas obras se realizarán, debe para ello expropiar el terreno, pagando a cada uno de los propietarios afectados el valor del mismo, siguiendo un procedimiento descrito y regulado por ley.

El órgano público encargado de la expropiación notifica al propietario afectado, indicando la superficie del predio que será necesario expropiar. Una comisión de peritos tasadores efectúa la tasación del área que se expropiará y posteriormente elabora un informe de tasación, indicando características de la propiedad, valor comercial del terreno y el valor de las construcciones.

Una vez realizado lo anterior, el expropiado recibe una notificación indicándole el valor de tasación y las oficinas donde debe acudir, en caso de estar de acuerdo con la tasación.

Como suele suceder, los montos fijados por el órgano público no corresponden a los valores que el propietario estima justos. No existiendo acuerdo con la tasación, la expropiación será tramitada por vía judicial, oportunidad en la que se puede reclamar del monto fijado por los peritos, siendo los tribunales los encargados de fijar la indemnización definitiva, para lo cual tomarán en consideración los antecedentes presentados por el expropiado y el MOP. Mientras se desarrolla el proceso judicial, el juez puede ordenar que se pague al propietario expropiado la suma no disputada del monto de indemnización. Además, los tribunales pueden autorizar al MOP para que ingrese a terreno y ejecute las obras a pesar del procedimiento judicial en trámite.

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